El conflicto que se vive en Cajamarca, Perú, por la oposición a un proyecto minero impuesto por el Gobierno de Ollanta Humala a pesar de la oposición de la población, se ha agravado en las últimas horas.
El día martes, en la ciudad de Celendín, una manifestación enfrente de la Municipalidad de dicha provincia fue reprimida por las fuerzas policiales con un saldo de tres muertos, 20 heridos y 15 detenidos. Las víctimas fueron identificadas como José Silva Sánchez (35), Eleuterio García Díaz (40) y el tercero es un menor de edad de 17 años, de iniciales C.M.A., se confirmó que dos de los fallecidos fueron debidos a disparos y el último de ellos murió por traumatismo encéfalo craneano, al ser golpeado por un objeto contundente.
En horas de la tarde, el Gobierno decretó el estado de emergencia en tres provincias, Cajamarca, Celendín y Hualgayoc, el cual fue acatado inmediantamente por la policía desplegada en la zona, impidiendo cualquier tipo de reunión con el uso de bombas lacrimógenas y disparos.
El miércoles al mediodía el líder ambientalista y ex sacerdote, Marco Arana, fue detenido en la plaza de armas de Cajamarca cuando daba declaraciones a medios de comunicación nacionales e internacionales. Marco Arana ha tenido un papel clave en la mediación de los conflictos mineros en pro de la defensa de los derechos humanos de las comunidades afectadas por la minería.
Se encontraba conversando con un cartel en la espalda que decía "Vida sí, oro no" y otro cartel en el pecho en el que se leía "Agua sí, oro no", cuando unos 20 efectivos de la policía nacional lo atacaron de frente, lo tiraron al piso y lo patearon sin advertencia previa y sin identificarse.
Marco Arana cuenta con medidas cautelares de la CIDH, y en ese momento se encontraba junto a su custodio, miembro de la Policía Nacional del Perú. La declaratoria del Estado de Emergencia no es una carta abierta para la vulneración del Estado de Derecho. Si bien los derechos a la libertad y a la reunión estan limitados, estos no se convierten en delitos, ni mucho menos justifican una detención arbitraria, afirma la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de Perú.
El Perú ya suma 15 muertos por las acciones represivas del gobierno de Ollanta Humala, el cual cumple este mes un año en la presidencia.
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